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  • Blog Observatorio Contratación Pública. La necesaria regulación del <strong>contrato </strong>de <strong>patrocinio institucional</strong>

    (Fuente; Blog Observatorio Contratación Pública) (31/07/2017) .-

    I.- PLANTEAMIENTO.
    No siempre amiga del procedimiento administrativo y sometida a la presión temporal de los mandatos de cuatro años, la política necesita comunicar su labor y de hecho convive con la tentación de anunciarse en las actividades deportivas y culturales que se celebran en su ámbito espacial de competencia. El anuncio en las camisetas de un equipo deportivo, la aparición en los folletos y programas de una actividad científica o cultural… son medios idóneos para responder a esa finalidad, legítima por otra parte.
    Otra cosa es el procedimiento a seguir para alcanzar este resultado, que en la práctica se traduce en la suscripción de convenios de colaboración, la concesión de subvenciones nominativas o la celebración de un contrato de patrocinio.
    En cualquier caso la publicidad institucional es fuente de conflictos y ha protagonizado sonoras condenas penales en materia de corrupción (caso Nóos , caso camisetas …) por no seguir el procedimiento adecuado y especialmente por hacer acopio de la técnica del convenio y no tramitar un expediente de contratación.

    II.- NATURALEZA JURÍDICA DEL PATROCINIO. De lege lata el patrocinio es un contrato y como tal su regulación se ciñe exclusivamente a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP): “aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”.
    En efecto el patrocinio responde netamente a la naturaleza jurídica del acuerdo de voluntades: la entidad pública tiene interés en que su nombre figure en un lugar visible de una actividad privada, mientras que al autor de esta última le interesa beneficiarse de la ayuda económica que la primera dispensa. En este punto y no otro confluye el acuerdo de voluntades entre ambos sujetos.
    Este acuerdo de voluntades mal puede casarse con una subvención nominativa. El art. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), define la subvención como toda entrega monetaria sin contraprestación, sujeta a la realización de la actividad que se pretende fomentar (actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública) y el beneficiario, con base en el art. 18.4 LGS, da la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actividad. Como actividad de fomento, la subvención no descansa tanto en el acuerdo de voluntades cuanto en el incentivo económico para que una actividad particular se siga llevando a cabo. La necesaria publicidad del origen público de los fondos de los que se nutre esa actividad no convierte a la subvención en un contrato. En cambio en el patrocinio el interés de la entidad pública no es tanto que el evento deportivo o cultural se siga celebrando, cuanto que el nombre de la corporación aparezca visible al público general. En efecto en la subvención no existe contraprestación, sino justificación de la aplicación de los fondos públicos al fin de interés general. En nuestro caso, una subvención al club deportivo de la localidad conllevaría la necesidad de justificar el gasto de participar en competiciones deportivas (transporte, alojamiento, uniformes…); sin embargo, desde el momento en que el club asume una contraprestación –la de llevar el nombre de una entidad pública en sus camisetas- se excluye la naturaleza de la subvención en favor del acuerdo de voluntades. [...]


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